Será hasta colombianos comunes para aprovechar esa oportunidad en un plebiscito nacional prevista para el 02 de octubre/16.

En esa fecha, los colombianos nominarán para aprobar o impugnar el acuerdo final de paz que se anunció el 24 de agosto el Gobierno Colombiano de Santos, *no tan Santo*.

A pesar de la masiva manifestación de apoyo internacional para el acuerdo, las recientes encuestas sugieren que el dictamen que podría terminar de Colombia de 52 años de edad guerra será muy estrecho.

El conflicto se ha cobrado más de 220.000 vidas, el desplazamiento de más de 7 millones de víctimas, dada 13.000 víctimas de ataques de violencia sexual, y dio lugar a 30.000 secuestros.

A diferencia de la mayoría de otros procesos de paz que pusieron fin a los conflictos armados internos en las últimas décadas, el acuerdo final golpeado este año en La Habana. Es más que un sistema de justicia de transición y un alto el fuego definitivo.

La mayoría de sus disposiciones se trata de abordar las causas profundas del conflicto a través estructurales reformas, tales como la reforma electoral y los cambios en la política fiscal que podrían transformar a Colombia en un país más pacífico, democrático e igualitario.

Sin embargo, un número significativo de colombianos permanecen firmemente opuesto a la aplicación del acuerdo.

El proverbio…

“*Las familias que votan juntos, permanecen juntos* ya no suena a verdad argumentos, como calentado sobre las mesas y alrededor de enfriadores de agua son cada vez más común”

Esta polarización es, alimentada en parte por el discurso político que a menudo se convirtiera en gritos partidos y ataques personales.

Durante los últimos cuatro años, el discurso público que rodea el acuerdo fue dominado por la especulación infundada acerca de las conversaciones secretas y, a veces, mentiras absolutas.

Ahora que el acuerdo final es público, los colombianos tienen la responsabilidad de emitir un entender informado y deliberado en octubre. Cualesquiera que sean sus deficiencias, la mayor parte de las disposiciones del Acuerdo, son incontrovertible y desde hace mucho tiempo.

Centrándose en el sector rural descuidado durante mucho tiempo de Colombia.

El acceso desigual a la tierra para los campesinos pobres que viven en territorios remotos fue una de las causas originales del conflicto armado hace más de 50 años. En Colombia la actualidad, el 64 por ciento de los hogares rurales aún no tienen acceso a la tierra, el 24 por ciento de la población rural está en el paro, el 75 por ciento tiene un ingreso por debajo del salario mínimo, y el 20 por ciento vive en la pobreza extrema…

“Al día de hoy, el 74 por ciento de las tierras de Colombia se concentra en las manos de 0.4 por ciento de la población”

Para abordar esta cuestión, el acuerdo creará un fondo de tierras para ser distribuidos entre los campesinos que tienen tierra insuficiente o ninguna tierra en absoluto.

La mayor parte de la tierra que vendrán de propiedades que *pertenecían y seguirán perteneciendo de los Malhechores, unos *el matador*, otro *el señor de los cielos* *y muchos más*, actúan como el capo accesorio de excelencia para el guitarrista, verborágico de la droga de la década de ‘1.990 y expropiadas por el gobierno.

El acuerdo también designa *anuncios, anuncios y anuncios*, *nunca inauguraciones, fondos para carreteras, escuelas y centros de salud, establece incentivos para las empresas privadas para establecerse en los territorios abandonados, y *crearía* nuevas leyes de uso del suelo para proteger los recursos naturales.

Otra causa importante de conflicto fue, la negativa de las élites políticas para permitir que las poblaciones marginadas y rurales para que participen en el proceso político, *dado por la desesperación de Don Santos, en la reforma del sistema electoral de compulsa¨, amplió la participación ciudadana.

El acuerdo resuelve éste problema mediante la reducción de los umbrales de votación onerosas que impidieron la formación de pequeños partidos políticos en el pasado.

Por otra parte, pavura…

“Se creará 16 nuevos escaños en el Congreso reservadas a los residentes de las zonas más afectadas por el conflicto armado, sí o sí 10 asientos en el Congreso, asegurados para la FARC”

Y lo más malo, asegurado durante dos ciclos de elecciones próximas…

“Ellos afirman que la participación de las FARC en la política abriría las puertas para Colombia se transforme en un *castro-chavista* estado”

Mientras que la primera parte es cierta, esta crítica ignora tres cuestiones vitales…

En primer lugar…

“El cambio de paradigma que permitió el proceso de paz para comenzar en el primer lugar era la realización de las FARC que su objetivo de tomar el poder por parte del gobierno por la fuerza era anticuado. Por lo tanto, gran parte de la negociación en La Habana se centró en la creación de incentivos para que las FARC para alcanzar sus objetivos sociales en paz, dentro del sistema político establecido”

En segundo término…

“El acuerdo establece que las FARC puede transformarse en un partido político sólo después de que sus miembros han entregado sus armas a las Naciones Unidas. A pesar de que tendrán 05/10 asientos garantizados en cada cámara del Congreso, que tendrá que ganar asientos adicionales en las urnas con el fin de tener un impacto significativo en la política. Esto significa que después de su proceso de desmovilización de las FARC tendrá que ganar los corazones y las mentes de los colombianos con sus ideas en lugar de intimidación armada”

La afirmación de que la participación de las FARC en la política marcaría el inicio del camino de Colombia hacia un *castro-chavista* estado  infundado. Colombianos podría optar por poner fin al conflicto con las FARC, y posteriormente de forma sistemática rechazar su ideología y políticas propuestas en las urnas.

En esencia, lo que estos críticos están diciendo es que no confían en los colombianos para decidir por sí mismos si deben elegir a los ex miembros de las FARC a la oficina.

Lamentablemente, esta posición se reafirma la creencia de las FARC que su lucha armada se justifica porque las élites del país nunca permitirían que para poner en práctica sus políticas propuestas en el orden político establecido, independientemente de lo que la mayoría de los colombianos prefieren.

Y en tercer suceso grave…

“Lo que permite antiguos insurgentes para que participen en la política es una de las características centrales de cualquier acuerdo de la justicia de transición. Por paradigma, en Angola, 70 de 220 ​​escaños en el Congreso fueron asignados a los rebeldes desmovilizados. En Nepal, 83 de 330 asientos. En Sierra Leona, la vicepresidencia y cuatro ministerios fueron concedidas a los antiguos insurgentes con el fin de poner fin al conflicto armado. En comparación, las FARC recibirá sólo 10 de los 266 escaños en el Congreso de Colombia, que no habilita que no sea peligroso”

La transformación de la guerra de Colombia contra las drogas ilegales. Uno de los principales factores agravantes del conflicto fue los enormes beneficios derivados del comercio ilegal de drogas en las últimas décadas.

En el pasado, los esfuerzos del gobierno para reducir la producción de drogas ilegales se han centrado en las incursiones militares en las plantaciones y la fumigación de área indiscriminado de productos químicos para erradicar cultivos ilícitos.

El acuerdo, *supuestamente*, reemplazará esa estrategia con campesinos dedicados a la producción de coca serán tratados de forma diferente a los narcotraficantes que compran sus cultivos *enfoque social*…

“Porque la mayoría de estos campesinos se vieron obligados a la producción de coca, ya sea a través de la violencia o por la falta de oportunidades económicas”

Se cavila por *Don Santos* que, el pacto que vuelvan a la actividad civil de las FARC-asistido por miembros del gobierno-instituirá un *programa de sustitución de cultivos*.

El objetivo del programa es proporcionar asistencia técnica y subsidios para permitir que estos campesinos a abandonar los cultivos y se ganen la vida fuera de la agricultura ilegal.

La restauración de los derechos de las víctimas, *dicen como aspiración*, los funcionarios del Gobierno Colombiano, el acuerdo alcanzado en La Habana, formará una verdad integral, justicia, la reparación y garantías de no repetición de sistema, lo que creará una…

“Comisión de la Verdad, una Unidad de Rescate Especial de Personas Desaparecidas y una jurisdicción especial para la Paz”

A través de estos mecanismos de justicia de transición, el acuerdo tiene una visión amplia y centrada en las víctimas de la justicia con el fin de fomentar la reconciliación.

La mayoría de las quejas sobre el acuerdo se han centrado en sus disposiciones de justicia transicional. Estos críticos argumentan que el acuerdo promueve la impunidad de los autores de violaciones graves de los derechos humanos porque los comandantes de las FARC *podrían evitar pasar un solo día* en las cárceles ordinarias…

“De este modo, sostengo que el acuerdo va a violar el derecho internacional y las obligaciones de Colombia a la Corte Penal Internacional”

No obstante, la alternativa ofrecida por los críticos del *Accord* de enjuiciar a los miembros de las FARC dentro del sistema judicial establecido es *poco realista*.

Sería totalmente *impracticable, si no imposible*, para tratar, procesar y encarcelar a las más de 17.000 personas que componen la red de las FARC en cárceles ordinarias. Para estar seguro, un país como Colombia no cuenta con la capacidad institucional, la infraestructura o recursos a la cárcel esa cantidad de gente, especialmente durante periodos de hasta 20 años.

Por otra parte, *esa visión estrecha de la Justicia y Gobierno* es, contraproducente para el objetivo final de la paz y la reconciliación. La inmunidad acuerdo ni subvenciones completa de los autores de violaciones graves de los derechos humanos, ni lo hace sujeto cada individuo desmovilizado a la justicia ordinaria. En su lugar, se crea un punto medio que se centra en la restauración de los derechos de las víctimas y promover la reconciliación.

Históricamente, la mayoría de los conflictos armados internos han, terminado mediante la concesión de amnistías amplias para todos los delitos cometidos, incluyendo los graves de los derechos humanos en virtud del derecho internacional, en el contexto del conflicto.

Por modelo, en el caso de Sudáfrica, un esquema de justicia transicional que ha sido elogiado como un modelo para los países que tratan de hacer la transición a la paz, la amnistía fue concedida para todos los delitos, siempre que el autor confesó ante una comisión-incluyendo la verdad cuando es seria humana de derechos, fueron admitidos a dicha comisión.

En El Salvador, a pesar de que la *Comisión de la Verdad*, tuvo la tarea de identificar a los autores de transgresiones graves de los derechos humanos para el castigo, después la legislatura aprobó una ley de amnistía que impedía el enjuiciamiento de los individuos señalados en su informe final.

El *SPJ* creará dos caminos…

“El primer pasaje es, para los que participaron en el conflicto armado, y no ha cometido sucesos contra los derechos humanos. Este camino es principalmente para las FARC, soldados de infantería que fue, o pudo ser, condenado por delitos políticos como rebelión. En otras palabras, este camino es para los que podría ser condenado simplemente por ser miembros de las FARC. Tales delitos políticos serán amnistiados o indultados si el beneficiario dice la verdad sobre su implicación en el conflicto y demanda perdón”

La segunda demarcación…

“Es para los autores de delitos graves de los derechos humanos. Aquellos que niegan su implicación en el conflicto o cualquier irregularidad entrará en el sistema ordinario de justicia penal y se enfrentarán a penas de prisión de hasta 20 años en las cárceles ordinarias”

Aquellos que reconocen alguna culpabilidad, y no dan a conocer toda la verdad sobre su participación, o lo hacen después de que hayan aparecido frases antes de que el *SPJ*, servirá reducidos de 05 a 10 años en las cárceles ordinarias.

De postremo, los que dicen la verdad acerca de su participación, reconocen sus faltas y requerir indulgencia, será recompensado con 08 años de *restricciones efectivas de la libertad* y penas alternativas.

Tiempo durante el cual, no pueden participar en la política, incluyendo la competencia por las oficinas elegidas, esto depende de la aprobación del Congreso.

Estos castigos están dirigidos a la restauración de los derechos de las víctimas y la rehabilitación de las zonas devastadas por el conflicto. El acuerdo establece este tipo de castigos, que incluyen campos de minas de compensación, y la construcción de carreteras, escuelas y hospitales en los territorios que fueron más afectadas por el conflicto.

Por cuanto, el *SPJ* se centrará en el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación al tiempo que permite los autores de graves contravenciones de los derechos humanos que reconozcan la ilicitud de sus acciones y expían ellos de una manera que promueva la reconciliación.

La complejidad y la rigurosidad de la *SPJ*, significan que no hay precedentes legales comparables que podrían indicar si sus disposiciones cumplen con el derecho internacional. No obstante, en una reciente declaración, el fiscal jefe de la *CPI*, Fatou Besnuda, dio a entender que las disposiciones del Acuerdo, serían suficientes para cumplir las obligaciones de Colombia bajo el derecho internacional si se aplica adecuadamente.

*Una dura, píldora de tragar*. Incluso sus defensores más arduos están de acuerdo en que el acuerdo final está lejos de ser perfecto, sin embargo, en las palabras del jefe negociador del gobierno, *es el mejor acuerdo posible*.

Los críticos del acuerdo parecen olvidar que la decisión de negociar el fin del conflicto armado con las FARC siempre implícita de que las concesiones importantes tendría que ser hecho en ambos lados.

Dicho esto, el acuerdo recientemente anunciado es un esfuerzo sin precedentes para equilibrar la justicia con los mayores objetivos de la restauración de los derechos de las víctimas, promover la reconciliación y la transición a una paz sostenible.

La gran paradoja del plebiscito es, que la víctimas del conflicto, que en su mayor parte viven en zonas rurales, apoyan de manera abrumadora el acuerdo, mientras que los que viven en zonas urbanas que fueron menos afectados, sería renunciar a la posibilidad de poner fin al conflicto de una vez para todos ellos, basados ​​en la expectativa de que un *mejor trato* podría ser negociado en un momento posterior.

Esta falta de urgencia por parte de algunos podría significar que el proceso de paz ha sido víctima de su propio éxito. Desde que las FARC acordaron un alto el fuego unilateral, los colombianos han disfrutado de los más tranquilos últimos 13 meses, desde el inicio del conflicto hace más de medio siglo…

“Aguardo que no se pierda el bosque de la mayor importancia del acuerdo de las preocupaciones individuales sobre las disposiciones específicas de los árboles”

El compromiso es mucho más que la pena impuesta a las FARC. Se trata de un esfuerzo integral y honesto en aprovechar esta oportunidad histórica para hacer frente a las desigualdades que dieron origen al peligro en primer lugar. Eso es lo que debe ser pesado por cada hasta octubre de Colombia…

“En contra del deseo de retribución y la incertidumbre que caería sobre Colombia si se rechaza el acuerdo”

La elección para los colombianos es cada vez más claro. Pueden optar por mantener sus viejos rencores y rechazar el acuerdo, o posiblemente regresar a un estado de conflicto, o, pueden aprovechar esta oportunidad sin precedentes para enfocar su energía y recursos en la construcción de un futuro mejor…

“Es de esperar que, el 02 de octubre van a emitir su súplica para el cuadro grande”

“O, COLOMBIA QUEDÓ VENDIDA A LOS NARCOS”

Dr. HUGO JOSÉ NARANJO.-

 

-WILLIAMJAMESSIDISUSA-

“Doctorado honoris causa, Máster y MBA Nacional e International”

“Executive en Dirección de Proyectos y Empresas”

*NO CREO EN EL DESTINO, PORQUE NO ME CONSENTIRÍA CONTROLAR MI VIDA*

*El filósofo enamorado de la vida*

“He sido un hombre que busca y aún lo sigo siendo, ahora no indago en las estrellas ni en los libros, sino en las enseñanzas de mi sangre"

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