COMUNICADO DEL CENTRO DE ESTUDIOS SALTA
04/08/16
LA DESVERGÜENZA DEL FISCAL GUSTAVO VILAR REY
El Centro de Estudios Salta, con meses de anticipación, había reservado y cancelado el salón de actos del COPAIPA para el 24 de septiembre de 2015. A costa de un gran esfuerzo económico en pasajes de avión y estadía, la institución auspiciaba la presentación del libro “Mentirás tus Muertos” a cargo de su autor, José D’Angelo, y de Luis Labraña. Todo funcionaba como un Stradivarius el día antes. De súbito, la Fundación COPAIPA nos comunicó que el salón no estaría disponible para el CES y que nos devolverían el dinero del alquiler. La “razón” invocada fue la nota, presentada por Organizaciones de Derechos Humanos que solicitaba con vehemencia se nos niegue el salón. No había lugar a dudas respecto a las intenciones de los firmantes de la nota: impedir por medio de la coacción la difusión de un libro (delito previsto en el Art. 161 del CPN). Pero la suerte estaba del lado del CES que, en cuestión de horas, contrató el salón del Hotel Presidente. Los problemas, sin embargo, lejos estaban de desaparecer. Ello, por la ingrata sorpresa, para el público y los organizadores, que significó el encontrarse en la puerta del hotel con muchachones de gesto amenazante portando carteles, fotos que agredían a D’Angelo y cuestionaban su texto. Una puesta en escena dirigida a intimidar a los asistentes. En ese clima tenso y con la sala del séptimo piso colmada de gente se dio inicio al evento con la presentación del libro y del autor. Acto seguido, la palabra era para José D’Angelo; mas no pudo hacer uso de la misma porque al intentarlo un vendaval de insultos, cánticos y silbidos cayó como un balde de agua fría sobre los presentes; la mitad por lo menos personas mayores de setenta años. Al mismo tiempo y como si tratara de una maniobra coordinada irrumpió, a los empujones y a los gritos, un grupo de choque integrado por diez o quince muchachones en apoyo de los primeros. El plan B de los firmantes de la nota otra vez estaba claro: impedir, a través de la amenaza de usar la fuerza, una reunión lícita (delito previsto en el Art. 160 del CPN). En tales dramáticas circunstancias, sin escapatoria y a merced de los violentos, un nutrido número de policías se hizo presente. En cuestión de minutos, con profesionalismo y economía de violencia, los representantes de la ley desarticularon la revuelta y, no sin nerviosismo, la presentación siguió adelante. Terminada ésta los asistentes debieron pasar por otro trago amargo. El grupo de choque, luego de ser desalojados, se apostó a la salida del hotel y desde allí retenía ilegalmente, sometiendo a huevazos, a todo aquel que osara salir (delito previsto en el Art. 141 del CPN.
Lo expresado precedentemente fue prolijamente revelado el mismo día y en el lugar del hecho a las autoridades presentes. No menos de cinco personas denunciaron formalmente los hechos con lujo de detalles. Denunciantes pertenecientes al CES se apersonaron a la Fiscalía en DD.HH. sin lograr recabar información al respecto. La primera y única vez que el fiscal Gustavo Vilar Rey se comunicó fue para desestimar las denuncias.
Hasta aquí, por la desaprensión demostrada para castigar los delitos relatados, la actuación del fiscal debiera calificarse como mínimo de negligente. Ahora bien, es un disparate mayúsculo, el que, Vilar Rey, haciéndose suya la denuncia de los delincuentes y desestimando la de los agredidos, haya solicitado el juzgamiento (por privación ilegítima de la libertad y vejaciones agravadas) de tres de los policías que intervinieron en el hecho. Disparate que desquicia el sistema republicano al invertir el sistema de valores otorgando impunidad a los que se apartan de la ley y persiguiendo a los que, de aquellos, nos defienden ¿Qué se supone que debemos hacer la próxima vez que la patota, sabedora de que goza de protección judicial, nos ataque? Acaso, ¿Hacer justicia por mano propia? Y, de aquí en más, el policía que advierte que la palabra del delincuente vale más que la suya ¿arriesgará su vida para salvar otra?
En los países civilizados el policía es sagrado. En la Argentina, al mismo tiempo que se los trata como a parias, se les exige que se comporten como señoritas. Al fiscal Gustavo Vilar Rey no le mueve un pelo el que, por su arbitraria decisión, se destruya la vida de tres familias, que tres buenos policías se queden sin trabajo o den con sus huesos en un calabozo. Menos aún, a los que, en nombre de los derechos humanos, acosan a los que no piensan como ellos.
Pues bien. A propios y extraños les decimos que los integrantes del CES no estamos pintados y, por ende, no vamos a a dejar pasar ni tolerar que funcionarios, que reciben generosos sueldos pagados con nuestro pecunio, atenten contra nuestra libertad y la justicia sirviendo a los que las vulneran. Como institución vamos a pedir: primero, se investiguen las denuncias desestimadas por el fiscal en el caso citado; segundo: la remoción, por jury de enjuiciamiento, del fiscal Gustavo Alberto Vilar Rey.
Será Justicia.