EL MURO DEL SILENCIO

II

LA IMAGEN A PROPORCIONAR

 

 

 

 

Autor. Carlos Españadero

 

 

 

    Por principio, hay que dar una imagen a la

población, que los hechos no desmientan.

Posteriormente hay que construir los filtros

necesarios, para que el pueblo, no reciba

mensajes que se contrapongan a la imagen

diseñada. Y es ahí donde el “muro del silencio” presta un servicio imprescindible.

 

   Esta construcción cumplirá la dicifil misión de aislar a las víctimas del plan de exterminio de la población. Hay que evitar que estos puedan hacer llegar informaciones, que pongan en duda la honestidad del plan programado, pudiendo hacer correr el riesgo de que todo lo que se está haciendo pueda ser puesto en tela de juicio.

 

   Como lo he expresado, el plan tiene muchas actividades que lesionan derechos humanos de las víctimas. Para peor, su existencia nace en una gravísima violación de la Constitución Nacional (art. 18), y a partir de ahí; de una secuencia donde la mayoria de las acciones judiciales están al margen de la ley. Si bien esto es aceptado y es motivo de alegria de la militancia kichnerista “montonerista”, son concientes que son datos que no deben trascender llegando a sectores de la ciudadanía, que pongan en cuestión el proyecto proclamado.

 

  La imagen creada podría describirse de la siguiente manera: las organizaciones gubernamentales, fueron instrumentadas (todas) en función de una metodología basada en la tortura y el asesinato seguido de desaparición. La respuesta kichnerista en vez, era producto de una búsqueda legítima de justicia, destinada a castigar a los represores (entendiendo por tal torturadores, ladrones, homicidas y violadores). Por lo tanto todos los que eran detenidos y procesados, eran “evidentes” represores, indignos de cualquier consideración humana. Para el público eran represores desde el momento en que eran imputados (omitiendo la presunción de inocencia), que para peor habían eludido la acción de la justicia mediante la ley de obediencia debida y la de punto final. Puestos en esa idea, los presos eran tratados como delincuentes de la peor calaña, desde el momento en que un fiscal lo introducia en una causa.

 

   Por otras parte, el planteo que el castigo, implicaba la necesidad de ejercer una presión política y una acción violenta contra los acusados, mediante la expresión de insultos y amenazas de agresión a ellos o a sus familiares para no que obtuvieran un beneficio que era propio de cualquier preso. Las audiencias públicas judiciales, se tornaban una sala de espectáculos, originados por integrantes del púbico que exteriorizaban el dolor e indignación contra los acusados. Todo lo que no fuera prisión era enérgicamente rechazado. Obviamente era inaceptable que un preso (por definición ilegal) fuera enviado a su domicilio a cumplir la prisión, (más de 70 años) o concurrir a sus hospitales institucionales.

 

  Debían ser llevados de un lado a otro con una desmedida custodia, con medidas de sujeción (como esposas), cuando todo esto era recomendado por las leyes y normas que hacen al funcionamiento penitenciario como medidas extremas, que en lo posible debían evitarse. Más teniendo en cuenta que las víctimas eran adultos mayores, muchas veces incapaces de moverse por sí mismos. Esto sí debía ser conocido dado que contribuia a “contagiar” en la población la alegria justiciera “montonerista”.

 

   Con el trascurso del tiempo, el muro fue fortalecido, al advertir que las ilegalidades eran muy manifiestas, las ficciones de juicios con testigos profesionalizados en esta actividad, que hacian evidente la ficción, con personas que desde el público ayudaban a los testigos a “reconocer” a los inculpados, etc. Esto no debía ser conocido por la población.

 

  El forzamiento de mantener a personas mayores de 70 años, en prisión, salvo aquellos que podían demostrar que tenían enfermedades “terminales”, convirtió a las cárceles en geriátricos, sin ser aptos para esto. Esto originó situaciones de indefensión de ancianos que no eran atendidos adecuadamente, y por esto, sufrían tratamientos que a falta de cuidados familiares, tenían que contar con el auxilio de otros presos compadecidos de la situación. Es así, que han muerto muchos presos, como consecuencia de una “mala praxis”. Y con este criterio, hay mayores de 85, que no pudieron demostrar si tiene alguna enfermedad “terminal” y entonces están presos. Esto no debía ser conocido por la población.

 

  Pero uno de los problemas más serios para el éxito del plan, es que se conociera, que en realidad la mayoria de los presos, no eran “represores”. Eran militares, policías, gendarmes, prefectos, penitenciarios que habían sido detenidos por el hecho de serlo. En esos casos, los juicios debían convertirse en una suerte de “malabarismos” que pudieran demostrar que los imputados eran los que cometieron los delitos que motivaban la causa. Esto impuso, testigos que en el momento de los hechos tenían 2/3 años, y que testimoniaban lo “presenciado”, a testigos preparados, con la capacitación y resarcimiento económico correspondiente, para contar lo que no había existido pero aceptado por los fiscales como pruebas irrefutables.

 

  Con esta concepción de la imagen a transmitir a la población, y con las prevenciones adecuadas, el muro debía impedir que las víctimas pudieran llegar con sus informaciones a la población. Y de este modo, esté creyendo la imagen que le proporcionaban desde el gobierno, desde las pseudos organizaciones de derechos humanos argentinos  y desde las organizaciones políticas embebidas del odio marxista, que se lo inyectan desde todo medio de expresión público a la población