Acá todos tienen que saber que no hay más impunidad. Eso incluye a los jueces, los empresarios, los sindicalistas, los políticos, los periodistas... Todo el mundo tiene que entender que tiene que cumplir con la ley. Sin excepciones. Ésa es una sociedad civilizada…” Pero, los integrantes del poder judicial, y de la justicia federal en particular, no son ciudadanos iguales ante la ley. Ellos lo saben y aprovechan sin límites diversas prerrogativas que en buen sistema corporativo supieron dotarse. Así, los jueces usufructúan de manera incontrolada los recursos del Estado (vehículos, personal de custodia, medios materiales, humanos), benefician de un estatus social diferencial en la vida cotidiana y están exentos de pagar impuestos a las ganancias. El ciudadano en general es testigo de esa situación abusiva pero prefiere no denunciar o cuestionar abiertamente a los miembros de esa familia por temor a ser víctima de un error judicial.