Militares detenidos denuncian que padecen maltratos

 

Por Mariano De Vedia | LA NACION

 

Cuando las Fuerzas Armadas tenían el poder, las garantías de los detenidos se perdían en los reclamos de las organizaciones de derechos humanos. Hoy la realidad invirtió los papeles y, con una edad promedio de 73 años, los militares que cumplen condenas o están procesados por delitos de lesa humanidad en la dictadura denuncian que no se cumple el principio de igualdad ante la ley.

No hay salidas transitorias, no pueden trabajar en la cárcel, no hay libertad condicional y son muy limitadas las detenciones domiciliarias, contempladas para la población carcelaria mayor de 70 años. Se les niega el derecho a estudiar carreras universitarias, como sí lo pudieron hacer Sergio Schoklender y unos 1300 presos en unidades penitenciarias federales, denuncian sectores cercanos a los militares detenidos.

Desde que Néstor Kirchner reabrió en 2003 los juicios por delitos de lesa humanidad, 2054 militares y civiles pasaron por los tribunales. De ellos, 644 están condenados (294 cumplen la pena en prisiones comunes) y hay 1095 procesados (320 en penales comunes). A ellos se suman 315 muertos "en cautiverio", según la estadística que lleva la Unión de Promociones, constituida en 2005 para "incidir ante la opinión pública para el esclarecimiento de la verdad histórica completa", detalló a LA NACION el coronel retirado Guillermo Viola.

Viola no duda en señalar que los detenidos son presos políticos y estima que "todo está teñido de una grosera venganza ideológica".

"La deshumanización del derecho contrarió todos los principios penitenciarios, de los cuales la Argentina siempre fue líder", advirtió el abogado Ricardo Saint Jean, cuyo padre -el general Ibérico Saint Jean, ex gobernador bonaerense de facto- murió a los 90 años en octubre de 2012, con una severa crisis cardíaca e inmovilizado y en silla de ruedas. Falleció en medio de una fuerte puja con el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, que le negaba la detención domiciliaria por "peligro de fuga", a pesar de que informes forenses decían que no estaba en condiciones de afrontar un juicio.

En diálogo con LA NACION, Saint Jean lamentó que los jueces hayan dejado de lado "la filosofía de la penitenciarista española Concepción Arenal, citada por la Corte Suprema en el hábeas corpus que el periodista Horacio Verbitsky presentó para denunciar el estado de las cárceles en la provincia de Buenos Aires".

"A este grupo de detenidos se les aplica un derecho de segunda. Los expedientes de las causas de derechos humanos llevan un sello rojo para identificarlos y mostrar que deben tener un tratamiento distinto", explicó. E insistió en que "sólo a este grupo no se le aplican los principios de legalidad y de inocencia, el criterio de la ley más benigna ni la irretroactividad de la ley penal".

Saint Jean cuestionó la doctrina aplicada por la Corte Suprema. En rigor, el criterio que impide la prescripción está fijado en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. La Corte lo aplicó por primera vez en 2004, en el fallo Arancibia Clavel. Los militares detenidos lo rechazan porque el principio no regía cuando se produjeron los hechos.

SALUD DETERIORADA

Donde más sienten los familiares de los detenidos la fragilidad del sistema es en la atención de la salud. "Hay 300 presos políticos con más de 80 años y 460 tienen entre 70 y 79", dijo Viola. "Como muchos todavía afrontan juicios, cada vez que tienen que presentarse en el juzgado los despiertan a las cuatro de la mañana, los llevan esposados en camiones que pasan por distintos penales (Marcos Paz, Ezeiza, Villa Devoto). Muchos no tienen estabilidad y hay quienes se hacen encima. Llegan al tribunal en condiciones deplorables", relató.

Las visitas son fragmentadas y no pueden recibir a todo el grupo familiar. En Marcos Paz, por ejemplo, los hombres pueden ir de 8.30 a 11. Las mujeres, lunes y jueves, de 14 a 17. Sólo pueden ir los fines de semana si presentan certificado de trabajo.

"El 60% de la justicia federal está abocado a investigar hechos que ocurrieron hace 40 años y para ello se gastan más de 6000 millones de pesos por año", precisó Aníbal Guevara, hijo del teniente coronel Aníbal Guevara Molina, condenado por detenciones y privación ilegítima de la libertad cuando tenía 23 años, hechos similares a las acusaciones contra César Milani, ex jefe del Ejército, que nunca fue citado a declarar.

 

Fuente: Nota La Nación

Septiembre 07, 2015

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Las Causas Fabricadas son parte del maltrato

 

Por Fabian Kussman

 

Las claras revelaciones del Coronel C. Guillermo Viola y de Aníbal Guevara -hijo de Preso Político- son volcadas en una nota firmada por Mariano De Vedia en el periódico La Nación. Esta clase de artículos no son muy frecuentes en medios importantes y por ello es motivo suficiente de celebración amarga. A través de las voces de Viola y Guevara, De Vedia menciona lo que Presos Políticos y Presos Ilegales deben soportar día a día, noche a noche en una muy indiferente Argentina.

La muestra indiscutida de que estos hombres son víctimas de un trato medieval no ha dejado dudas gracias a la pluma del periodista de La Nación. Las descripciones sobre maltratos y prohibiciones -aquellas que un asesino serial o un narcotraficante no recibe, teniendo estos salidas, oportunidad de estudios, teléfonos celulares, etc.- ya no tienen disputa.

A esto solo habría que agregarle que varios de esta nueva categoría de detenidos tienen dictadas Prisiones Domiciliarias desde hace mucho tiempo y como un juego diabólico, estas no son efectivizadas. En la mayoría de los casos, estas se producen ante un muy grave estado de salud. Allí sí, se lleva a cabo con mucha precisión este dictamen pero solo para que los familiares les transporten de emergencia a un nosocomio donde dejan de existir. En este caso el maltrato es de sus responsables, los jueces a cargo, que parecieran ser dueños de una cuestionable estrategia estadística: Los Presos Políticos no mueren en el penal. Un nuevo modelo del cuento del tío.

El maltrato también es culpa nuestra como sociedad en su totalidad. Las causas fabricadas son también un maltrato. Basto con ver videos en Internet o -ya mucho más demoledor- sumergirse entre las incontables páginas de estas mega causas, las cuales, estimo, deben ser tediosas e incomprensibles para aquellos que las construyeron. Allí un testigo que afirma reconocer a un imputado por el sonido de sus pasos se encuentra con un decisiones de un juez que incluye declarantes que no mencionan a nadie. Casos particulares como aquel guardia cárceles que estaba de licencia (fácilmente comprobado) el día que le adjudican un hecho choca contra la presentación de un fiscal que por su juventud (Incompetencia? Miedo a perder su ascenso?) busca culpables por aproximación de nombres. El entrenamiento de testigos de once meses, alentándoles a esforzar sus memorias y el resurgimiento de la abandonada profesión de apuntador teatral que con los extremos de los paraguas señalan el camino para un reconocimiento de imputados, son la sofisticada modalidad del ultraje a la inteligencia. Pero, somos glaciales ante esto. "Estos viejos se van a llevar el secreto a la tumba" dijo la dirigente Vilma Ripoll destrozando el derecho a la presunción de inocencia y cuya sensibilidad nos deja paseando mentalmente bajo un manto de niebla. Y no reaccionamos.     

Las causas fabricadas son una mancha grave promovida -curiosamente- por cerrados, ambiciosos, farsantes y muy parciales grupos de Derechos Humanos, que la "justicia" Argentina ya no podrá asear. El motivo es simple: A muchos de estos hombres, lo único que le podrán lavar, será el nombre engravado en una fría placa de bronce cuando estén descansando eternamente, más de un metro bajo tierra. Esa tierra que supieron defender.