Share La corrupción es un fenómeno social que no merece contemplación alguna. Cuando la sociedad siente que se la ha engañado, robándole no solo sus recursos económicos sino también sus ilusiones, no precisa justificadores seriales que ensayen explicaciones insólitas que agravian a todos. Es imprescindible que los aberrantes hechos del presente no solo sirvan para el debate coyuntural, sino que sean el puntapié inicial para revisar el fondo de la cuestión e implementar los cambios que eviten que sucesos de este tipo se puedan repetir cíclicamente y con tanta frecuencia. Esta vez lo que horroriza tiene que ver con lo ordinario y lo burdo, con lo grotesco y esa ausencia de barreras inhibitorias de los protagonistas. El descaro absoluto, la falta total de pudor, la desaparición del mínimo aceptable de decoro es lo que, en todo caso, impresiona e impacta. Ese dirigente político, que haciendo uso de su depravada mentalidad, apela al patético recurso argumental de minimizar la importancia de lo acontecido, aduciendo que otros actores inducen al corrupto en cuestión desde posiciones diferentes, ofende a la sociedad e insulta su inteligencia. Cuando un "mercachifle" ofrece dinero a cambio de favores comete un delito pero además abusa de la gente en provecho propio. Nadie sensatamente puede defender esa postura. Pero ponerlo en un pie de igualdad con el funcionario que fue colocado allí por quien ha sido electo por la sociedad para administrar lo de todos, es un tremendo error conceptual. Los que ocupan un lugar en el gobierno, llegan ahí de la mano de elecciones populares, en las que los partidos políticos ofrecen a la sociedad propuestas y también personas que las representarán para generar un círculo virtuoso que impactará en sus vidas de un modo favorable. Por el contrario, ese ciudadano que algunos definen equivocadamente como "empresario", no es más que un mero "traficante de privilegios", alguien que no ofrece servicios para satisfacer a la sociedad, sino que comercia amparado en la existencia de oscuras normativas que le permiten obtener un cuestionable provecho personal. Ese deshonesto personaje de esta historia es un simple "ratero", un delincuente común, que jamás ha sido seleccionado por la sociedad directamente, ni tampoco de un modo indirecto. Es un bandido, un pillo, pero que no representa a nadie. Por eso no está en la misma situación que el funcionario que le ha posibilitado construir su pérfido negocio. No es relevante, desde un punto de vista ético, establecer categorías de culpabilidad, porque no importa demasiado en qué lugar de esa escala se coloca a cada malandrín, sino su inobjetable lugar en ese proceso diseñado para consumar el perjuicio final. Pero tampoco se debe aceptar tan mansamente esa suerte de pretexto argumental que cierto sector de la política intenta utilizar para minimizar sus propias culpas, que claramente existen por acción o por omisión. Si las más altas esferas forman parte de ese perverso plan de saqueo sistemático al Estado, resultan especialmente repudiables no solo por su nefasto cinismo, sino también por su inocultable actitud delictual. Pero aun si no fueran cómplices directos de semejante estafa social, tendrían responsabilidades por su evidente negligencia, su indisimulable inoperancia y esa manifiesta incapacidad para conducir un gobierno. No es saludable detenerse frente a la anécdota. Hay que evitar que la vergüenza convierta a esto que ha ocurrido otra vez, como en tantas otras oportunidades, en solo un eslabón más de una interminable cadena. Para eso es preciso comprender la naturaleza de la corrupción. No es un accidente, ni un hecho fortuito que brota porque un par de inmorales se ponen de acuerdo. Es un suceso que se concreta gracias a la potestad que tienen los gobiernos de decidir discrecionalmente sobre la vida de la gente. Si esa facultad no estuviera habilitada no habría margen por donde pasar, y estos indecentes no tendrían la chance de llevarlo a cabo. El problema no es la moralidad de las personas, sino la permeabilidad de un sistema que genera hendijas por donde filtrarse con comodidad, a espaldas de todos. Si no se quiere seguir transitando este humillante camino no alcanza con reclamar más controles, ni tampoco con mejorar el proceso de selección de los que tendrán la tarea de conducir. La labor implica destruir los pilares de un esquema intrínsecamente corrupto que viene asociado al poder que cualquier gobierno dispone para tomar decisiones inconsultas. Es tiempo de mirarse en el espejo, y de asumir la parte que le toca en suerte a cada uno. Mucho de lo que ocurre tiene que ver con decisiones erróneas, pero también con ciertas visiones sobre los asuntos públicos que conforman una gran fantasía alejada de la verdad. La presencia de paradigmas distorsionados hace que muchos supongan que las cosas son como deberían ser y no como realmente son. Por eso insisten y se repiten. A estas alturas ya no se trata de juzgar a los corruptos por el volumen de sus fechorías, sino por lo que hacen a diario. Eso implica independizar la magnitud de lo hecho de sus respectivos actos delictivos. No es significativo clasificar a los ladrones por la dimensión de lo apropiado. Importa, en todo caso, establecer con claridad quiénes son finalmente los malhechores. El país tiene una enorme oportunidad entre sus manos. La puede dejar escurrir entre sus dedos nuevamente como en tantas otras ocasiones en el pasado, o puede tomar "el toro por las astas" y enfocarse en el núcleo del problema, para que eso no suceda nunca más, o al menos para que si ocurre no aparezcan otra vez estas justificaciones que insultan. Alberto Medina Méndez Alberto Emiliano Medina Méndez nació en Formosa, ciudad capital de la provincia homónima, el domingo 24 de julio de 1966. Es periodista, consultor privado en comunicación, analista político, conferencista internacional. Ha publicado Más de 140 artículos en los últimos años en diferentes medios locales, tanto gráficos como digitales, en el ámbito local en Corrientes, como en lo regional, nacional y el orgullo de que en mas de 15 países se hayan reproducido algunos de esos articulos en varias oportunidades.

Documental Sobre El Caso Del Share Piloto Julio Poch No era mi intención ser auto-referencial, en el sentido de ocuparme del caso de mi hermano en particular. Pero lue- go me pareció interesante mostrar un ejemplo más de cómo se construye una causa de lesa humanidad de la na- da. En este caso, de cómo se genera una bola de nieve imparable a partir de un chisme de “radio pasillo” en una empresa. Ni Julio ni sus abogados ni familiares participamos de este documental que fue emitido en agosto de 2014. Coincidía con las audiencias de los testigos en el juicio de la causa conocida como ESMA Unificada. Nos pareció – quizás ingenuamente – que no correspondía prestarnos a ningún tipo de declaración o intervención que afectara el proceso o incomodara a los testigos de cargo. Testigos de una cena, aclaro. Los testigos no tuvieron ningún inconveniente ni en reiterar sus mentiras y sus propias interpretaciones ni en incluso inventar nuevas “historias”. Nota y videos completos El Doctor Gerardo Ibáñez y clarificaciones con respecto al Caso Poch.

Share ESCÁNDALO JUDICIAL EN TUCUMÁN Grl. Heriberto Justo Auel 25 de Mayo de 2016 “Justicia es un firme y constante deseo de dar a cada uno lo que le es debido”. Justiniano (527 d. C) La situación político-estratégica en las posguerras de la Argentina. La "contradicción insostenible" El escándalo judicial en Tucumán. Colofón La situación político-estratégica en las posguerras de la Argentina. No es una novedad que los juicios llamados “de lesa humanidad” han sido descalificados por los más prestigiosos hombres de derecho del país y del exterior, que enumeraron cada una de las aberraciones jurídicas que han debido practicarse para llevarlos adelante, destruyendo en consecuencia los principios del derecho penal, la jurisprudencia penal argentina y la credibilidad del sistema judicial, que pone hoy en duda nuestra eventual y trabajosa recuperación institucional. En la Feria del Libro -el 21 Abr 16- el ex Embajador de EEUU en la ONU Armando Valladares -23 años prisionero del castrismo en La Habana- en breves párrafos destacó la “grave situación de los Derechos Humanos” en la Argentina por la existencia de “presos políticos”, que nos incluye hoy en la triste caracterización de las “democracias chavistas” del socialismo Siglo XXI, expresado esto ante la actitud impávida de algunos empinados argentinos presentes en el panel (1). Así se expresó también -en otros términos- el editorial de La Nación días después, el 06 May 16, que en su primer párrafo dice: “El respeto al derecho, la razón y la equidad son tres de los mandatos que se conjugan en la palabra justicia, pero cuyo significado universal, inequívoco, no es otro que el de ser justos, actuar y proceder como demanda la ley. Y en su subtítulo afirma: “Debe ponerse fin a la contradicción entre la defensa de los derechos humanos y el irregular tratamiento para muchos detenidos sin condena”. Termina el editorial con éste concepto: “Los argumentos de la petición y de la solicitud de medidas cautelares que se han presentado, son concordantes con lo que fijan los instrumentos internacionales y se basan en los informes de la CIDH y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Más de un centenar de detenidos recurren a esta nueva instancia de mediación para que avale sus derechos. No están solos. Ha pasado tiempo suficiente para que se dé respuesta a una contradicción insostenible entre el respeto a los derechos humanos que tanto se proclama y la violación que significa el tratamiento de personas a quienes la Justicia parece ignorar”. ¿Lo entenderá el joven y “prudente” ministro Garavano? Más claro; imposible. Ahora bien, no podemos dejar de expresar que lo citado más arriba es la consecuencia de una “política de Estado”, como reiteradamente lo ha manifestado el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Lorenzetti, que -de ese modo- abandonando el sano principio de ser la vestal central de la Constitución, politizó o ideologizó -desde el más alto nivel del Poder Judicial- al sistema jurídico federal penal de la República y a la vez ¿¡se extraña por la conducta de los jueces frente a la corrupción!? (2). Con un criterio jurídico similar, la CSJ bajo la presidencia del Dr. Lorenzetti ha eximido a las organizaciones armadas de terroristas revolucionaros de estar comprendidos por los “delitos de lesa humanidad”, tal como lo prescribe el Estatuto de Roma. Es así como la Corte ha creado un “rincón de impunidad” que pone en duda lo bueno que haya podido hacer la Argentina en materia de Derechos Humanos. Dice el ex Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, Dr. Luis Moreno Ocampo -que no puede ser tachado de “facho”-: “La guerrilla puede cometer crímenes de lesa humanidad. De hecho un crimen de lesa humanidad es un ataque masivo y sistemático a la población civil. Y la Argentina fue eso. Porque mataban en forma masiva a sindicalistas, empresarios o policías” (10). La “contradicción insostenible”. A esta altura de los acontecimientos políticos nacionales se nos hace muy difícil pensar que haya solo ignorancia en la “contradicción insostenible”. A todas luces hay cierta ignorancia en parte de nuestra dirigencia, cierta cobardía civil y, sin duda, un callado y cobarde compromiso ideológico (3). El origen de la actual “contradicción insostenible” ha sido la maniobra llevada a cabo por el Reino Unido -inmediatamente después del “No Pic-nic” en el Atlántico Sur en 1982-. A través de una estrategia de aproximación indirecta (4) operada con una acción de pinzas instrumentada en uno de sus brazos por el Decreto 158/83 -12 Dic 83-. Por vía jurídica se homologó la “purga” estalinista del Ejército del Zar, posterior a la finalización de la “guerra civil” rusa -1917/1923-, que fusiló a 36.000 oficiales “blancos”, con los fallos de los tribunales populares, luego de sacar a los reos de sus jueces naturales. Los TTOOFF que juzgan los casos de lesa humanidad en la Argentina de los últimas décadas, ¿No reproducen todas las formalidades del aquellos tribunales bolcheviques? Observar los videos filmados en Neuquén -que en estos días recorren las redes- es suficiente para comprobarlo. Ésta justicia penal federal, venal y sesgada, ¿no ha “purgado” a las FFAA argentinas a través de los TTOOFF, con alguna breve interrupción, en los últimos treinta y tres años? ¿Qué queda de ellas a la fecha, según lo expresa actualmente el Ministro Martínez?. El otro brazo de la citada pinza británica estuvo a cargo -paradójicamente- del neo marxismo revolucionario por vía del periodismo “progresista” -que manipula hasta hoy a la opinión pública- y el CELS, conducido por el triple agente de inteligencia Horacio Verbistky -que abreva en el RU- y que se ha ocupado de tamizar ascensos en la FFAA y seleccionar los destinos del alto mando, bajo las barbas de sucesivos ministros de defensa, desde 1984 hasta el 2015. (5). El escándalo judicial en Tucumán. Con gran sorpresa, cuando esperábamos un gran “cambio” en el 2016, en lo que hace a la “política de derechos humanos”, o “el curro de los derechos humanos”, nos enteramos que la “purga militar” continúa: se inició el juicio -el 05 My 16- de la “mega causa Operación Independencia” en el TOF tucumano. El Foro de Generales Retirados reaccionó de inmediato ante el exabrupto judicial, con un documento entregado en mano al Tribunal, cuyo título nos releva de toda explicación: “En la Argentina existen presos políticos y se violan los Derechos Humanos”. Ésta sorpresa tiene un ingrediente específico que la población difícilmente haya registrado, no solo originada por sus necesidades de sobrevivencia, sino por el desconocimiento de la naturaleza de la agresión armada que sufrimos desde el año 1959 hasta 1988. La ausencia de una “política comunicacional de la Seguridad Nacional” es y ha sido total, pues desde 1983 la dirigencia política argentina ha decidido reemplazar a la Política de Seguridad Nacional por la “Política de los Derechos Humanos”, o “el curro”, y nadie explica -hasta hoy- con idoneidad, el porqué de la total inseguridad e indefensión nacional que nos aflige y padecemos como su natural y directa consecuencia. Si hubiere alguna duda al respecto ésta quedaría totalmente disipada con la simple lectura del vergonzoso “Libro Blanco de la Defensa - 2015”, editado por el ministro de defensa ingeniero agrónomo Agustín Rossi, o bien observando la “galería de imágenes” que exhibe actualmente en Casa de Gobierno Erika Brunotto, de la Secretaría de Derechos Humanos, quien la ha titulado así: “De la Ley de Residencia al terrorismo de Estado” y que alarma a quienes conocemos la verdadera Historia y no el “relato” de los acontecimientos políticos del último siglo. La agresión del terrorismo revolucionario, para la joven funcionaria, no existió. Sin embargo afirmó al periodismo: “…estoy muy esperanzada en el resultado del juicio -tucumano-. Creemos que se podrá probar todo lo que sabemos en la historia de Tucumán y en el país”. Treinta y tres años de narrativa ideologizada en las aulas y en los medios, sumada hoy a las declaraciones de los Secretarios de Derechos Humanos del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, indican que los juicios -de los que han sido excluidos los agresores terroristas- revolucionarios por la CSJ- tendrán ahora continuidad bajo el conocido lema “memoria, verdad y justicia”, que en la realidad de los hechos es una memora a medias, una verdad a medias y que, como justicia, no “actúa ni procede como demanda la ley”. Con ese cimiento comunicacional y social y teniendo como querellante a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la justicia tucumana lleva a un tribunal oral a quienes enfrentaron a la guerrilla rural, la “Compañía Ramón Rosa Jiménez” del ERP, que aplicando la “teoría del foco” -desarrollada por el Che Guevara- se encontraba desplegada en los ´70 en la provincia luciendo uniforme de combate, insignias de grado y armas- habiendo arriado el pabellón nacional en Famaillá e izado, en el mástil de la plaza principal, la bandera roja del PRT-ERP. El objetivo de estos traidores a la Patria era lograr una “zona liberada”, santuario desde el que pretendían escalar a la ocupación de todo el país para lograr una nueva Cuba, como claramente lo expresa Jorge Masetti en su libro “El furor y el delirio”. ( www.contactomagazine.com/masetti.htm ). La reacción tardía del gobierno nacional -el ERP operaba en la Pcia de Tucumán desde 1970- se instrumentó con el dictado del decreto 262/75, posterior a la Ley 20840 del 28 Sep 74 que establecía las nuevas penalidades para los delitos de terrorismo. El decreto determinaba: “El Cdo Grl del Ejército procederá a ejecutar operaciones militares que sean necesarias a los efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán”. El 06 Oct 75 el presidente en ejercicio -Dr. Luder- dicta el Decreto 2770/1/2, que extiende a todo el territorio nacional lo establecido en el decreto Nro 262/75 para la Pcia de Tucumán. Es de hacer notar que el gobierno que dictó la Ley y los Decreto citados, era constitucional y fue elegido por el 62% del padrón. He resaltado con negritas las fechas de la Ley y de los decretos con los que el Estado Argentino reaccionó -respondiendo a una agresión estratégica interna, tardíamente- y frente a la “invasión revolucionaria” iniciada en 1959/60 -como acertadamente le llama Juan B. Yofre en su libro “Fue Cuba” (6)- que ingresó por las quebradas del Norte. Veamos los antecedentes: En 1959 se establece en Tucumán el “Ejército de Liberación Nacional” -ELN- conocido como “Uturuncos”. Ésta banda fue fundada por John W. Coocke, en La Habana. En 1963 surge en Salta -próximo al límite con Tucumán- el “Ejército Guerrillero del Pueblo” -EGP-, fundado también en la Habana por el Che Guevara. En 1968 se fundan las “Fuerzas Armadas Peronistas” -FAP- creadas por Envar El Kadri, que fracasarán en Taco Ralo. Estas bandas armadas y las acciones que produjeron, fueron oportunamente desarticuladas por las policías y la Gendarmería Nacional. Se las consideró hechos de seguridad pública. Sin embargo, desde el primer día eran acontecimientos estratégicos, que agraviaban a las Instituciones y a la población en su conjunto. Como se puede apreciar, hay antecedentes de “ejércitos” y “fuerzas armadas” marxistas operando en la Pcia de Tucumán -con anterioridad a 1975- y no eran justamente meros “opositores políticos”. Estas organizaciones armadas atacaron pueblos para adquirir medios y organizaron “bases”, para capacitar cuadros de guerrilla revolucionarios. La tardía reacción política, en 1975, pretendió enmendar su larga miopía improvisando, para actuar con toda la urgencia y contundencia posibles, ante una situación desesperante. Naturalmente, ésta defectuosa respuesta, consecuencia de la confusión e indecisión de años, produjo una serie de errores y desconceptos en todos los niveles, con diferentes responsabilidades. Sin planeamiento estratégico, sin inteligencia adecuada, sin bases ético-jurídicas que brindaran reglas de empeñamiento y control tácticos, las tropas fueron lanzadas al combate -que hoy llaman maliciosamente “represión” o “terrorismo de Estado”-. Se privilegió lo urgente: “Háganlo de cualquier manera, pero cuanto antes”, “Vayan y cumplan con su deber”. Arrojada la piedra, se escondió la mano. Ambas cosas -la errónea decisión política y la urgencia de su apertura- fueron debilidades estratégicas que el RU transformó en vulnerabilidades, seis meses después de la Guerra del Atlántico Sur. Aun hoy la explotación de esas debilidades/vulnerabilidades nos lleva a una dramática autodestrucción conflictiva. Los medios llaman “grieta” a su consecuencia, con elemental superficialidad, sin calar en la profundidad tectónica de los hechos que le dieron origen. Esa lectura elemental, en el análisis de legos opinólogos, dista de lograr una comprensión estratégica, aun en los frentes políticos. Ella es meramente manipulación social, con alta confusión en la ciudadanía e intenciones inconfesables, en algunos sectores dirigenciales. El RU logró, desde 1983 al 2016: 1ro: por vía judicial -Decreto 158/83- (7), la quiebra de la autoestima institucional de las FFAA -el desarme espiritual- y la licuación de la justicia federal. 2do: el control de los ascensos y destinos en las FFAA, más la manipulación de la opinión pública a través de los adherentes de las antiguas formaciones revolucionarias armadas, explotando así, en el nivel político-estratégico, la victoria táctica de su riesgosa incursión -provocada- en el Atlántico Sur, en Grytviken (9). 3ro: El presupuesto de Defensa fue llevado a su mínimo histórico -el desarme unilateral-. Se pagó “en negro” a los cuadros en actividad para sumir en la miseria a los retirados y así “dividir para reinar”. Así es como, desde 1984, se inició -con el Decreto 158/83- la autodestrucción inconsciente e irresponsable del Estado Institucional argentino, como consecuencia de dos derrotas estratégicas sucesivas y de la colusión de nuestros dos enemigos recientes, políticamente antitéticos pero estratégicamente aliados, haciendo eje en el CELS. La estrategia de aproximación indirecta funcionó con toda eficacia ante el total desconocimiento de ella por parte de nuestra dirigencia. En ella priva, mayoritariamente, el pensamiento lineal. Colofón. Volviendo a nuestro tema central, el “Escándalo judicial en Tucumán”, describiremos a continuación cómo se fueron desarrollando estos hechos. El Juez Federal de Tucumán Dr. Daniel Bejas, según un informe de la Agencia TELAM del 12 Dic 12 -en el ápice del gobierno K- consideró que en “el Operativo Independencia se cometió un genocidio”. En un fallo de 488 páginas procesó a más de veinte militares por “secuestros, torturas, desapariciones forzadas y homicidios cometidos entre el 08 Feb 75 y el 23 Mar 76”, exculpando a las autoridades políticas que ordenaron la apertura de las operaciones militares, es decir, de la guerra civil contrarrevolucionaria y además consideró que nuestras tropas “asesinaban” “secuestraban”, “torturaban”. “No hubo una guerra”, “hubo un genocidio” y encuadra a los hechos en el Código Penal, considerando a nuestros soldados como delincuentes comunes, a pesar de la vigencia del Código de Justicia Militar, en los ´70. El Juez culpa a los militares de “genocidio” sin considerar que las operaciones se iniciaron en el complimiento de un decreto nacional que mandaba “neutralizar y/o aniquilar al enemigo subversivo” que operaba en la Pcia de Tucumán. Es por ello que el Foro de Generales Retirados le expresó muy claramente al TOF Tucumán -en el primer párrafo de su reciente presentación- que consideren “la ilegalidad y la nulidad del juicio a los combatientes en el Operativo Independencia”. El Juez Federal sustenta su fallo en que existió un “genocidio”, que en castellano significa “el exterminio de grupos humanos por razones raciales, políticas o religiosas” o “la implacable persecución de aquellos, por estas causas”. ¿Es esto lo que el Juez entiende que ocurrió en la Pcia de Tucumán a partir de los años 59/60 y en particular en el 74/75?, ¿Cómo explica -entonces- que uno de los Comandantes del citado Operativo haya sido elegido por los tucumanos, libre y reiteradamente, Gobernador de esa Pcia y luego legislador? La mayoría de los paisanos tucumanos del Dr. Bejas ¿son tontos o son cobardes? Desde nuestro punto de vista el Juez y el Fiscal fabulan, ¿o… solo están equivocados? Creemos sinceramente que en la tierra de Alberdi, Avellaneda y Roca sigue habiendo ciudadanos cuerdos y libres. Ello no es óbice para que -en la “década ganada”- la corrupción del relato diera lugar a este “escándalo judicial” en el Jardín de la República. En los jardines descuidados aparecen las malezas, pero en el 2016 la mayoría de los argentinos estamos dispuestos a la limpieza, de todas las malezas. Ello debería tenerse en cuenta por quienes se han desviado del cumplimiento de la Constitución y de la ley. La “pseudo-revolución” del socialismo siglo XXI está en retirada en toda Iberoamérica. Hoy el encuadramiento situacional subcontinental es otro y el Juzgado Federal tucumano, a cuatro años de la fabricación de su relato, ha quedado colgado del pincel. ¿Lo habrán escuchado al presidente Temer, a pocas horas de asumir su cargo, referirse a la actitud “revolucionaria” de Venezuela? ¿O al Dr. Almagro, Secretario General de la OEA, dispuesto a intervenir en Caracas, sede del socialismo siglo XXI? ¿O al mismo Maduro llamando a las armas, ante el “ataque del Imperio”? El león está herido, SS. Téngalo presente. Para legitimar al mito del “genocidio” el Juez hizo suya la gran fábula creada por el Fiscal y ésta -en el 2016- hace agua por todos sus costados. Dice en su fallo: “El Operativo Independencia constituyó una intervención masiva de las FFAA y de Seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social, a través del terror, llevado adelante con la aquiescencia del gobierno civil de la Provincia”, y agrega: “Hubo un ataque sistemático desde el Estado contra una parte sustancial del grupo nacional argentino (obreros, jornaleros, sindicalistas y grupos de personas involucradas en la lucha social con y sin pertenencia política partidaria) a los que se habría identificado como enemigos del plan económico y político que definía a la nueva argentinidad”. En resumen: para Bejas el decreto que movilizó a las FFAA y las lanzó a una guerra civil contrarrevolucionaria, fue motivada exclusivamente por razones políticas internas. Como sería totalmente irracional que un gobierno peronista “atacara sistemáticamente a obreros, jornaleros, sindicalistas y grupos de personas involucradas en la lucha social”, se creó el motivo que impulsó a los militares al “genocidio”: la existencia de un “plan económico y político que definía la nueva argentinidad” y los autores de ese plan eran los militares, “desde el gobierno de Onganía”. En otras palabras, para el Juzgado Federal los guerrilleros de la Compañía Ramón Rosa Giménez fueron “un grupo nacional argentino” de “opositores políticos”, a pesar de que estaban organizados, habían cambiado de bandera, portaban uniformes, insignias de grado, armas y cumplían órdenes que se les imponían desde La Habana y Moscú. Es imposible entender porqué el juez y los fiscales no han podido recibir testimonios de antiguos pobladores de Tucumán, con quienes conviven. Ellos saben muy bien lo que allí ocurrió. No había necesidad de fabular. ¿Quiénes eran los que atacaban a esos “nacionales argentinos” organizados bajo una bandera extraña? ¿Quiénes eran y qué buscaban? Para el juzgado eran “los militares”, con un “plan genocida”. Militares sin identidad -a pesar de que enarbolaban la Bandera de Belgrano- que cumplían con un decreto del Estado Nacional que los llevaba a enfrentar “por sus ideas políticas” a ¡“nacionales argentinos”!, para lograr una “nueva argentinidad” ¿!!!¡¡¡?. Los fiscales del TOF Tucumán han agregado –recientemente, en las sesiones preliminares del juicio- que “la intervención de las fuerzas militares de 1975, fue un acto preparatorio”: “El Operativo Independencia (OI) fue el acto preparatorio central del Golpe de Estado (24 de marzo de 1976)”. Juan B. Yofre ha investigado -y publicado documentadamente, como es su estilo- al golpe de estado de 1976 y llega a conclusiones exactamente opuestas (7). Pero el Juzgado necesitaba llegar al juicio oral ignorando la agresión terrorista revolucionaria. Es así como -un Juez lego- desconoce a la agresión, a sus objetivos, a su conducción estratégica internacional y transforma a la “invasión externa” en un “genocidio interno”, provocado por los militares argentinos, es decir, por “el terrorismo de Estado”, que es una figura legal inexistente. Para ello se invocó al Derecho Internacional Público. Pero… ¿Lo encontró citado en el decreto 262/75? Debiera estar, considerado en particular la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, que regula los conflictos internos y que es y era derecho interno desde 1957 (8). Los instrumentos legales estaban, no se los empleó. Es así como se ha pasado -sigilosamente- y una vez más, del “jus in bello” al “jus ad bellum” en tribunales ajenos a la materia del delito. El decreto dejó en desamparo legal a sus tropas y esa debilidad es hoy una vulnerabilidad -en manos enemigas- que nos impide tener un futuro en unidad. Desgraciadamente ese decreto, que dio iniciación a la guerra civil contrarrevolucionaria en 1975 -la peor especie de las guerras-, fue tardío, defectuoso e incompleto. Puso de relieve la ausencia de elementales conocimientos específicos de los legisladores, del Poder Ejecutivo y del alto mando militar en la apertura de operaciones militares en el interior del propio país, a fines del siglo XX. Los enemigos de la Argentina han sabido aprovechar muy bien esas ausencias jurídicas. Si “hubo un ataque sistemático desde el Estado” -como el Juez afirma en su fallo- no debió emplear la figura del “genocidio”, pues la ONU excluye a los Estados como posibles sujetos de este delito contra el Derecho de Gentes. ¿En manos de qué Justicia estuvo y está el “jus in bello”?. El juzgado federal tucumano necesitó crear “un relato legitimador” y creó al padre de todos los relatos que aparecerán a lo largo del juicio, necesarios para cubrir las necesidades ideológicas de la pseudo-revolución -en retirada- en la etapa de su explotación por vía judicial y que les va a resultar muy difícil sostener al fiscal y a los querellantes, en las presentes circunstancias, con el nuevo telón de fondo que surge en el subcontinente. El RU deberá buscar alguna otra alternativa para mantener a la Argentina desarmada y dividida. Era imprescindible negar la existencia de la guerra civil provocada por la agresión del terrorismo revolucionario y a la vez lograr el apoyo de la ciudadanía a semejante falacia: “No hubo una guerra civil revolucionaria, hubo un genocidio”, se afirmaba y se afirma en los TTOOFF. Todos los medios de comunicación -en manos del mismo Estado que abrió las operaciones en 1974/75- fueron empleados para la creación de éste mito, desde 1984. Probablemente sea la más grande operación psico-política de nuestra historia, que aun hoy continúa -con menor intensidad y sibilinamente- en boca de algunos periodistas parcialmente reciclados. Seguimos escuchando aquello del “genocidio”, “del terrorismo de Estado” o de “los treinta mil desaparecidos” por parte de periodistas que se escandalizan por la corrupción. ¡Qué mayor corrupción que las medias verdades o las conocidas verdades que se han vivido y que se ocultan! A pesar de los continuados treinta y dos años de repetir falacias, éstas -por más elaboradas que fueren- siempre “tendrán patas cortas”. Desde el 10 Dic 15 la Argentina encabeza la contrarrevolución iberoamericana, aunque aun son muchos los que le llaman “populismo” a la pseudo-revolución o irresponsablemente permanecen en la etapa anterior. Todavía es políticamente incorrecto expresar ciertas verdades que no se ignoran, pero que se ocultan a designio. El nuevo presidente señaló a pocos días de asumir el cargo, en una reunión internacional, que hay “presos políticos en Venezuela”. A pesar de que permanece rodeado de “campos minados” sembrados antes de las elecciones, no puede tardar en descubrir a nuestros propios prisioneros políticos, que son el efecto de la llamada “política de derechos humanos” o del “curro de los derechos humanos” y fruto de la venganza de los derrotados en combate que lograron -vía Oxford- “trastocar” esa derrota táctica en victoria estratégica y política con el decreto 158/83, y que continúan la explotación del éxito de “trastocamiento comunicacional” a través de la Justicia Penal Federal. Paradójicamente, quien desautoriza y aniquila la fábula del Juzgado Federal tucumano- e indirectamente la de todos los otros- es el mismo a quien el juzgado protege e ignora, en la increíble falacia del “plan sistemático de genocidio”. El verdugo del “relato bejariano” lo desautorizó y anuló desde mucho tiempo antes de su creación. Y eso es grave, pues los objetivos y acciones del ERP eran -en su tiempo- ampliamente conocidos -particularmente en Tucumán- a través de las propias publicaciones de la banda armada. El juzgado seguramente creyó que la revolución siglo XXI “había llegado para quedarse” y que seguiría triunfante en el subcontinente, para siempre. No era el único. Consecuentemente podría operar impune e impúdicamente, retroalimentando en el tiempo a su fábula en la medida de lo necesario. La sociedad estaba aun -en el 2012- “bajo control psico-político”. Pero…el 10 Dic 15 empezó otra etapa política que llegará, inexorablemente -en el momento oportuno- a la falsedad del meollo pseudo-revolucionario. “¡Ohhh…tempora …ohhh mores!”, diría Cicerón. Ya hay conciencia de que si esto no ocurriera fracasaría la contrarrevolución y esto es lo que silenciosamente mantiene hoy la fe y la esperanza de una gran mayoría de argentinos y es lo que deberían considerar seriamente nuestros jueces y fiscales federales. Quien destruyó anticipadamente la afiebrada y falaz argumentación del juez Bejas, fue nada menos que el jefe de la banda armada ERP y fundador del PRT, Contador Público Roberto Santucho. En Abril de 1966 Santucho publicó sus “4 Tesis” en el Cuaderno Nro. 5 de la Revista “Estrategia para la liberación nacional y social de Latinoamérica” (9) (dirigida por Nahuel Moreno -Hugo Miguel Bressano Capacete-, trotskista bonaerense del PRT) impresa por la Editorial Olimpo y distribuida en Paso 514, Of. 802, Bs As. Éste cuaderno Nro. 5 contiene tres artículos: “Fidel Castro ante la guerrilla guatemalteca”, de Livio Maitan -trotskista italiano, político y escritor-, “La moderna economía capitalista”, de Ernest Mandel -trotskista belga, economista-, y , de Roberto Santucho -Santiagueño, guerrillero revolucionario, Cte. del ERP- Y… Dr. Bejas, Tucumán está en el Norte Argentino. Como se puede comprobar, no hay autores en éste Cuaderno que puedan catalogarse dentro del “grupo nacional argentino”. El único autor nacido argentino -Santucho- era un comunista internacionalista, dependiente de la IV Internacional. La publicación es del mes de Abril de 1966, es decir, anterior a la llegada del Grl Onganía a la Presidencia -a través del golpe de estado del 29 Jun 66-. Según el “plan sistemático” citado por Bejas (documento seguramente en poder del Juzgado Federal y ahora del TOF Tucumán) -verdadero cimiento de la causa que aspiramos conocer oportunamente-, éste proviene del “gobierno de Onganía”. Sin embargo, según los hechos ocurridos y del plan que nos hace llegar públicamente el Cte del ERP, a través de sus “4 tesis sobre el Norte Argentino”, la argumentación de Bejas se transforma en una gran fantasía, totalmente falsa. Veamos qué sostiene el máximo Cte del ERP, superior jerárquico de la Compañía Ramón Rosa Giménez, en sus “4 Tesis”, haciendo notar a nuestro lector que lo expresado por Santucho en 1966, ocho años antes de los acontecimientos de la Operación Independencia, es lo que realmente ocurrió en el monte y en los cañaverales tucumanos a partir de 1974. Y de esto no hay dudas, pues lo hechos hablan por sí mismos. El documento de Santucho consta de una introducción y cuatro tesis en los que analiza las condiciones socio-políticas del NOA para la posterior la acción revolucionaria, que en extrema síntesis plantea: Introducción: Para el PRT-ERP la burguesía es contrarrevolucionaria. Ergo, la revolución social debe encabezarla el proletariado y la pequeña burguesía para luego insertarla en la revolución regional y mundial, contra EEUU. Para ello es necesario penetrar los sindicatos, lograr copar las delegaciones fabriles e ir ocupando espacios de poder en la administración del Estado. Hay que alcanzar una Federación con Cuba. El Norte Argentino es el trampolín de ingreso más apto para estos objetivos. Tesis I: La estructura económica del NO: el eje histórico de la economía del NO es la industria azucarera. El F.C. ha sido el catalizador que llevó a Tucumán al mayor desarrollo capitalista del NO mono-productor, dependiente y semicolonial. En consecuencia, existe una oligarquía que estanca a la producción. Tucumán está en crisis. Tesis II: Las clases sociales: La oligarquía terrateniente: solo conserva influencia en Salta. La burguesía oligárquica azucarera: Es el gran enemigo del proletariado. El imperialismo: es el gran expoliador del trabajador -empresas transnacionales-. La burguesía mediana: es contradictoria y conflictiva, dependiente de la gran patronal. La pequeña burguesía urbana: es eventual aliada del proletariado. El campesinado: allí revistan: a) la burguesía mediana, b) los pequeños agricultores, c) los cañeros, d) el campesinado pre-capitalista. La clase obrera: es la más revolucionaria. El sector azucarero es el más combativo y hay que incorporarlo a las organizaciones del partido. Tesis III: Otras características: La pequeña burguesía urbana es débil en el NOA. No influye en la lucha de clases. El Estado es débil en Tucumán, Catamarca y Santiago y es fuerte en Jujuy y Salta. Las burocracias: en Jujuy y Salta están enfeudadas por la patronal. La FOTIA es débil, hay que penetrarla y conducirla. Es hoy un freno a la movilización obrera. Los partidos de izquierda son inexistentes. La tradición marxista existe solo en Tucumán. Tesis IV: Las tareas generales de nuestro Partido: (EL PLAN DEL PRT/ERP) El lugar de trabajo, sin duda está en Tucumán, Salta y Jujuy -las Pcias cañeras-. Hay que tomar los sindicatos, estar presente en los ingenios, colonias y lotes, en todos los conflictos y profundizar la lucha de clases. Prestar atención al proletariado urbano, al agrícola, al de minas y canteras. En Jujuy a los metalúrgicos, a los petroleros en Salta, pero siempre en torno a los azucareros. Nuestra alianza central es con el campesinado cañero. Es imprescindible trabajar sobre el estudiantado. Es el que llega a la pequeña burguesía urbana y desde allí surgen los dirigentes revolucionarios que encuadrarán a la clase obrera. Sobre el campesinado atrasado es necesario un profundo trabajo de propaganda, para hacerlo nuestro aliado. La burguesía mediana, comercial, industrial, agrícola y ganadera es nuestra enemiga. Hay que provocar su enfrentamiento con la gran burguesía, con la oligarquía y el imperialismo, para aprovechar la oportunidad de alcanzar alianzas circunstanciales. “Todo éste trabajo estructural solo será posible si sabemos en cada etapa de la lucha de clases y si somos capaces de darnos una política correcta”. La “combinación de ambas consignas”, en los términos de Santucho, era “la alianza circunstancial del campesinado cañero y la burguesía mediana”. Sres. Jueces de TOF Tucumán: Éste es el verdadero plan que está sobre el estrado -el que provocó la apertura de la “Operación Independencia”- concebido y hecho público en 1966 y luego sancionado por los hechos ocurridos en los ’70 ante miles de testigos, tucumanos bien nacidos, hoy mayores de 60 años. No se apoyen en testigos alquilados o en la parte interesada, como lo son los querellantes. Llamen al estrado a los sufrieron a los terroristas. Ellos no tienen intereses, pero tienen la verdad. El Juzgado Federal, la Cámara Federal, el TOF de Tucumán y aun la CSJ, deberían entender cuál es la actual situación estratégica regional y nacional, en el momento en que llega a juicio la fábula tucumana, concebida en el año 2012. Esa es la razón y el porqué hemos llamado “Escándalo judicial en Tucumán” a éste artículo. La pseudo-revolución está agotada. Se terminó el relato. Lo mató su propia corrupción. En una reciente publicación de la Dra Marcotullio y del Com-Ing Cavallero “Apuntes para las soluciones de los presos políticos” (10), leemos un concepto del Grl San Martín que es oportuno meditar al finalizar éste artículo: “La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”. Esa “cuota de poder” -prestada por la pseudo-revolución- está hoy en total retirada. Dicho “Apunte” se inicia con otra frase, en éste caso de S. Juan Pablo II, que todos los argentinos aspiramos ver cumplida: “Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aún siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz duradera, si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad. La “contradicción insostenible” que enuncia el editorial de La Nación que citamos más arriba, en el caso del enjuiciamiento de los militares que actuaron en la “Operación Independencia”, con el telón de fondo de la nueva situación política-estratégica de la región y de nuestro país, además de “insostenible”, es verdaderamente “escandalosa”. “Justicia es un firme y constante deseo de dar a cada uno lo que le es debido”. Justiniano – 527 d. C CITAS: (1). H. J. Auel. “La larga guerra civil argentina y el actual estado de guerra civil revolucionario”. 09 Jul 13. www.ieeba.com.ar (2). La Nación. “Lorenzetti pidió luchar contra la impunidad”. 07 Abr 16. www.lanacion.com.ar (3). H. J. Auel. “La dirigencia argentina frente a los desafíos de la seguridad nacional en el Siglo XXI”. Ago 15. www.ieeba.com.ar (4). L. B. Hart. “La estrategia de aproximación indirecta”. Biblioteca del Oficial Nro 500/501. Círculo Militar. Sep 60. (5). H. J. Auel. “¿Confusión, ignorancia o propósitos ocultos?”. Feb 14. www.ieeba.com.ar (6). J. B. Yofre. “Fue Cuba”. Ed. Sudamericana. 2014. (7). J. B. Yofre. “1976 - “La Conspiración”. Ed. Sudamericana. 2016. (8). E. Cárdenas. “Delitos de lesa humanidad: más sobre el “rincón de impunidad” argentino”. En “Agenda Internacional” Nro 35. Dic 15. www.agendainternacional.com (8). Del archivo personal de J. B. Yofre. (9). S. Marcotullo t E. Caballero. “Apuntes para las soluciones de los presos políticos”. May 16. www.ieeba.com.ar

Share Una épica vulgar. A estas alturas ya no se puede discutir demasiado acerca de la vital importancia que tiene la construcción de un relato compacto e inteligente que acompañe permanentemente a la gestión de gobierno. Se sabe que los resultados efectivos de la política práctica no dependen, exclusivamente, del discurso que se logra edificar, pero es bueno asumir que sin él, es difícil darle sustentabilidad a la cotidianeidad. El populismo ha sido muy astuto y fue capaz de influir lo suficiente en el lenguaje como para que muchas palabras tengan ahora un significado diferente. Esas acepciones hoy son totalmente aceptadas por todos como si fueran verdades reveladas y prácticamente no admiten discusión alguna. Esos gobiernos demagógicos han fracasado sistemáticamente, y los que aun resisten a duras penas, solo logran destruir a sus comunidades día a día, empobreciéndolas cada vez más y llenándolas de odio indefinidamente. Sus políticas han sido y son nefastas, pero buena parte de su prolongada existencia tiene que ver con esa dinámica de haber convertido cada determinación en una epopeya irremplazable que transmite vivencias como si se tratara de un reto enorme con una secuencia interminable de victorias. Claro que todo ese engendro termina invariablemente mal, pero no porque no hayan conseguido imponer su discurso, sino porque los hechos finalmente se han precipitado desnudándose la falsedad argumental frente a lo irrefutable que plantean los propios acontecimientos. Es tan potente esa narración política, que buena parte de la sociedad termina concluyendo que son los protagonistas los que eventualmente decepcionan y no sus políticas. Asignan toda la culpabilidad a meros errores instrumentales y a la presencia de ciertos personajes corruptos que desdibujan todo lo positivo y arruinan el supuesto éxito de esas ideas. Esa visión ideológica sobrevive gracias a un giro de ese mismo relato, que convierte a los verdaderos delincuentes e ineficaces gestores en víctimas de la persecución política y héroes expulsados por los grandes poderes económicos que rigen los destinos del mundo. Nada de eso va a cambiar demasiado en el corto plazo. La izquierda, el socialismo en todas sus formas, se reinventará, como tantas otras veces mutando para sobrevivir eternamente y volver de nuevo a la escena. Lo que no es aceptable es pretender contrarrestar esa estudiada estrategia con la infantil idea de recurrir al vaciamiento ideológico, apelando siempre a esa visión tecnocrática de la política, que ha demostrado su fugacidad. Los gobiernos necesitan tener su propia épica, con una línea argumental sólida, con suficiente contenido, que explique pormenorizadamente los motivos por los cuales debe recorrerse el camino seleccionado. No se trata de edificar retorcidas miradas repletas de racionalidad sino, muy por el contrario, de darle un hilo conductor al discurso, con altísimas cuotas de emotividad, que permitan que la sociedad haga propia esas ideas y se involucre en ese proceso con compromiso y convicción. Deben existir allí motivos reales, razones suficientes, justificaciones contundentes que le brinden soporte. Pero esa matriz intelectual, sin contenido emotivo no tiene futuro alguno y es por ello que para ser exitoso en el proceso se deben contemplar abundantes dosis de estos ingredientes. El horizonte siempre es complejo. No son estas ciencias exactas. Se trata de personas, seres humanos con experiencias y percepciones anteriores que condicionan su modo de visualizar e interpretar la realidad. La tarea no pasa por mentir, ni tampoco por falsear los hechos. Eso no solo sería tramposo y deshonesto, sino que violaría los principios éticos elementales que solo consolidan el desprestigio de la política. Lo relevante es darle trascendencia superlativa pero ya no a la acción específica de un gobierno, sino a sus esperables consecuencias favorables y a los innegables impactos positivos que son el fin último de cada decisión. Los gobernantes no deben desarrollar acciones en la búsqueda del infaltable aplauso vacío y el elogio superficial de los aduladores de siempre. Tampoco deben intentarlo como único medio para sumar votos, sino porque comprenden, que la política brinda una excelente oportunidad para dejar un legado, para marcar una huella, esa que seguirán los que vengan atrás. Si realmente los que detentan el poder, creen férreamente en su visión, están convencidos de que lo que plantean es lo necesario para la sociedad, pues entonces deben nutrir de significativos contenidos a su discurso. No sirve de mucho gestionar bien, ni tampoco hacer lo correcto si no se logra articular complementariamente una narrativa creativa, movilizadora, desafiante que invite a la sociedad toda a sumarse de un modo responsable a esa ambiciosa labor de cimentar los pilares de un porvenir mejor. Algunos gobernantes parecen no haber entendido esta lógica tan esencial. Siguen confiando únicamente en sus propios talentos e ignoran deliberadamente ciertas consignas universales de la política. Están persuadidos de que "haciendo" alcanza y es por eso que insisten en su tesitura y recurren nuevamente a una épica vulgar. Por Alberto Medina Méndez Alberto Emiliano Medina Méndez nació en Formosa, ciudad capital de la provincia homónima, el domingo 24 de julio de 1966. Es periodista, consultor privado en comunicación, analista político, conferencista internacional. Ha publicado Más de 140 artículos en los últimos años en diferentes medios locales, tanto gráficos como digitales, en el ámbito local en Corrientes, como en lo regional, nacional y el orgullo de que en mas de 15 países se hayan reproducido algunos de esos articulos en varias oportunidades.

Enrique Guillermo Avogadro "Los juicios, mal llamados, de Lesa Humanidad son juicios Stalinistas ..." El autor del volátil artículo ASESINOS TOGADOS, el doctor Enrique G. Avogadro, habla con PrisioneroEnArgentina.com acerca de los circos de juicios a los que son sometidos ex uniformados, el tratamiento sanitario de los mismos, jueces prevaricadores y abandono de personas. Dr Avogadro - Nov 16, 2015 00:00 / 00:00

CARTA ABIERTA AL PAPA FRANCISCO A su Santidad Papa Francisco: El 8 de diciembre del 2015, Ud. Abrió la Puerta Santa del Vaticano para dar inicio al Año de la Misericordia. Loable y bienvenida actitud, Aleluya. Como Ud. Bien sabe la llegada de este jubileo y para que la gracia pueda hacer su obra es necesario reconocer el pecado, arrepentirse y confesar el mismo. Todos los que, como yo, se encuentran injustamente abrumados por la injusticia ya han recorrido ese camino, han purgado sus culpas- si las tuvieron- y han pagado con sus vidas la inmisericorde acción de los hombres vengativos encumbrados en un transitorio poder. El día 25, con motivo de Navidad, Ud. pidió por la situación de violencia en Irak, Siria, Ucrania, África, Libia, Líbano y Burundi. Es una pena que obvió pedir por los presos políticos de su Patria. Esos 1800 hombres, que hoy tienen entre 70 y 90 años, en su momento se opusieron con firme convicción contra la delincuencia terrorista. Ya son 331 (trescientos treinta y uno) los fallecidos en cautiverio, pertenecientes a las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales, Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde aún se repiten en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora. No creo que a Ud. le parezca poco este holocausto, por no decir genocidio de sus compatriotas. Haga Su Santidad una ejemplar obra de misericordia contra tanta injusticia y hable con los hoy responsables de los resorte gubernamentales para hacer valer una vez mas las virtudes teologales de Fe, Esperanza y Caridad. Afectuosamente Jorge Muñoz Comisario General (R) Policía Federal Argentina 29/12/2015

Share EL Juego y los Casinos Impunidad generalizada TUCUMAN – ARGENTINA OPINIÓN Después de observar un programa de televisión a nivel nacional - La Cornisa – conducido por Luis Majul, en donde se reveló una carta del empresario del petróleo y del medio Cristóbal López enviada al Presidente de la Nación Mauricio Macri con advertencias y confesiones. El ingreso por parte de la emisión televisiva de una cámara oculta en el casino flotante Puerto Madero de la ciudad de Buenos Aires, donde se verifica un sinnúmero de irregularidades. Las supuestas manifestaciones de López de pagar su deuda con la AFIP y con las empresas del grupo Indalo. No puedo dejar de reafirmar lo que vengo anticipando durante años en mis distintas notas sobre el juego de azar en mi Provincia. La misma situación de enorme irregularidad se repite en Tucumán con distintos nombres y testaferros seguramente ligados al empresario acorralado. Distintos diarios en mi tierra natal, en especial la Gaceta en su Panorama Tucumano del 01 de Marzo del 2015 ya anticipaba a través de unos de sus columnistas bajo el título de “…A dónde queremos ir, José…”, la gravedad de lo que está sucediendo a nivel nacional y provincial. Es que este flagelo del juego y sus distintos tentáculos se ha generalizado sin duda alguna en todo el país. Puedo aseverar que en mi provincia – lamentablemente - también tenemos un Zar del Juego que nunca fue investigado y que se encuentra interconectado con bandas mafiosas - como el Clan Ale - . Es que estando los juegos de azar tremendamente difundidos en la actualidad, es sin duda un agravante de los males que sufre la sociedad a causa del desquicio económico que se patenta en la desocupación. Ante la falta de trabajos, a muchos el juego se ha de presentar como una alternativa salvadora, sin advertirse que contribuye a hundir mas en las perturbaciones causadas por la crisis, llevando en consecuencia a descomponer los hogares y a derrochar indebidamente lo poco que se consiga obtener. Para peor, el juego que es usado alegre y despreocupadamente como un impulsor de programas de ventas y de búsquedas de audiencias, hace aparecer a este grave vicio como simple e inofensivo pasatiempo. Pero el juego, cuando adquiere el carácter de una compulsión, y es manejado por organizaciones tenebrosas, con cajero de bancos en sus propias instalaciones y demás artificios, se adueña del ánimo y se convierte en una obsesión casi irresistible. La Organización Mundial de la Salud considera a la “ludotopia” una enfermedad grave, que progresivamente domina la voluntad del paciente perjudicando su apreciación de los valores y su responsabilidad ante las obligaciones de todo tipo, familiares, sociales, laborales y ciudadanas. Algunos, incluso, la consideran una enfermedad que puede detenerse, atenuarse, pero no curarse. Siendo el hombre un ser redimible, no creemos en la fatalidad de un irremediable dominio de los vicios. Creemos que el entrampado por la vorágine del juego se inclina a salir de ella si se 1o ayuda con la terapia adecuada, y que los especialistas en la materia sabrán, en cada caso, cuales son ellas. Mis aún; tenemos noticias de que aquí mismo, en Tucumán, y en el país preexisten grupos de personas que compartiendo sus experiencias tratan de ayudar a otros a recuperarse de este mal. No creemos justo que quienes generosamente ofrecen su trabajo y su empeño en esta tarea, se sientan desamparados de la protección del Estado. Qué puede hacer el Estado en esta materia? Algo es mejor que nada. La propuesta sería a que por lo menos los afectados por el juego compulsivo puedan ver que no están solos, que hay otros a quienes también preocupa el impulso que a ellos los atrapa. Y los particulares que están empeñados en esta tarea, merecen saber que la sociedad a través del Estado los apoya. Por último sería deseable e imperioso que el Estado que últimamente está ejerciendo una enorme presión fiscal sobre el contribuyente, investigue y verifique las enormes evasiones y lavado ejecutadas a través delo Juego y los casinos de miles de maquinitas no reveladas ni declaradas. Que la justicia actué en todos los niveles y jurisdicciones - aún de oficio - ante las denuncias realizadas. Que muchos delitos e irregularidades se denuncien, se verifiquen y que el Estado de vuelta la cara como diciendo “nada tengo que ver con esto”, es en la práctica, lo mismo que patrocinar, promover, apadrinar la inmoralidad, que queda expuesta ante la ciudadanía sin que nada la evite, la corrija, ni menos aún la castigue. Si ante las irregularidades el poder administrador va a esquivar el bulto, pretendiendo que solo se han de corregir delitos verificados por el Poder Judicial, no las notables corrupciones del juego, entonces, por supuesto la inmortalidad ha de proliferar al amparo de esta protección oficial. DR. JORGE B. LOBO ARAGÓN

Share EL MURO DEL SILENCIO IV EL ARTE DEL “CAJONEO” Autor: Carlos Españadero El muro del silencio, necesita otro tipo de herramientas, que se desarrolla en el ám- bito administrativo gubernamental. Y pa- ra el caso particular que nos preocupa, en el sector judicial. Teóricamente, todo estaría cuidado- samente reglamentado, para asegurar que un ciudadano que solicita un servicio, éste quede debidamente registrado. A la vez, las leyes y reglamentaciones vigentes, establecen procedimentos y plazos, que asegurarían que la solicitud sea correcta- mente tratada, tanto en tiempo como en forma. Por otra parte, los procedimientos y plazos, se encuentran normalmente redactados en forma sencilla y clara, que aún en el lego, le permite desenvolverse acorde a las necesidades. Sin embargo, todo esto es escamoteado cuando llega un interesado que busca una solución a un problema, y que no encuentra ninguna norma que le sirva para ajustar su conducta a lo que debe hacer. Esta limitación, hace que se tenga que enfrentar con empleados, supuestamente dominadores de las normas, que verbalmente lo “asesora” hacia un camino espinoso, que se dirige hacia otro lado y cuyo resultado será producto de un esfuerzo del interesado, que no solo resulta inconducente sino frustante. En Argentina, hubo un programa muy divertido, que narraba las agotadoras tareas que le eran impuestas a un ciudadano, para habilitar un “arbolito”. En la primera mitad del siglo XX, el sociologo alemán Max Weber, desarrollo minuciosos estudios para asegurar el eficiente funcionamiento de la administración, en especial la gubernamental, mediante la organización de la “burocracia”. Lo lamentable que a su vez, le dió vida a un nuevo monstruo, de gran inteligencia y habilidad, que ya fuera del alcance de su mentor, se dedicó a la manera de eludir las responsabilidades, y evitar el esfuerzo que puede reclamar la gestión reclamada por el peticionante. El kichnerismo, especialista en distorsiones, generó un funcionamiento burocrático, que hubiera resultado increible, para un estudioso como Max Weber, acostumbrado a la prolijidad alemana, que no podría entender el funcionamiento logrado en la Argentina. Se ha acuñado diversas frases, que reflejan el concepto ganado por la burocracia. Uno de ellos es que jamás se rinde, y más cuando no tiene razón. Uno de los objetivos buscados ha sido evitar los papeles que la comprometen, que en general nunca firma. Lo firma el peticionante, pero nunca el diligenciador. Por otra parte busca no tomar resoluciones, y de no poder evitarlo hacerlo firmar a otro, eludiendo en lo posible hasta el famoso sello escalera. Obviamente no da recibos de lo que recibe. Y si lo hace, trata que sea ilegible lo que se consigna como recibido y por supuesto la firma es como un “gancho” que aunque lleve un sello aclarador de firma, resulta que no se refiere al dueño del “gancho”. Todo esto, constituye el “arte del cajoneo” cuya finalidad es no llegar a ninguna resolución, pero a la vez, que le asegure la impunidad al responsable de la falta de resolución que busca el peticionante. Esto si bien tiene antecedentes en la Justicia, en general no era tan notable como lo es en el resto de la burocracia. La necesidad de ocultar las ilegalidades que se cometían con respecto a los imputados de “lesa humanidad” se perfeccionó estableciendo el concepto que la ley y las reglamentaciones no son superiores a los magistrados. Por lo tanto si el código de procedimientos establece un tiempo para responder, en el caso de los “lesa” se proyecta el concepto de imprescriptibilidad a todas las dili-gencias que deben realizarse, es decir son sin tiempo. Por ejemplo, Ud. solicita se realice una actividad investigativa, conducente a aclarar la relación del hecho delictivo con el imputado. Se presenta documentadamente. Pero el juzgado ni siquiera da un acuse de recibo. No contesta. Tampoco lo rechaza. Es un nuevo muro, donde su lamento se pierde en el tiempo. Por supuesto llegado el momento de la sentencia, se ignora la diligencia requerida. Por ejemplo, si Ud. solicita se efectue el reconocimiento fotográfico que establece el código de procedimientos. No se lo niega. Se ignora. Y esto no es consignado en ninguna sentencia ni tampoco en ningún dictamen fiscal. En una palabra la diligencia no existe. Está en el expediente, pero no hay a quien mostrarla. En función del ejercicio artístico del “cajoneo”, se ha logrado evitar que la población conozca que: Ningún juicio de “lesa” es legal, dado que se ha violado la Constitución Nacional, al transformar delitos prescriptos en delitos de “lesa humanidad” imprescriptibles por leyes posteriores al hecho que motiva la causa. Todo recurso o reclamo que denuncia esta violación es cajoneado y directamente, llegado a la sentencia, no es considerado. Mantener en prisión personas mayores de 70 años, aprovechando que la ley establece que el juez considerará si el encausado debe permanecer en una cárcel o en prisión domiciliaria. En esto caso, la ilegalidad manifiesta pasa porque “se ha bajado línea” para que no se tenga en cuenta la edad, y solamente se considere un estado de salud manifiestamente “terminal”. Es así que hay en prisión mayores de 80 años,que están con problemas de salud, que carecen de la atención debida. Pero a la vez, la particular anarquía de los funcionarios, que se consideran que son como un país independiente, pone de manifiesto otra injusticia, dado que algunos siguen lo ordenado y otros no lo hacen, creando situaciones diferenciales entre detenidos en una jurisdicción con relación a otra. No existe en esto, ningún criterio que establezca una jurisprudencia. Las penas son sustancialmente diferentes,según el criterio del juez que condena. De esto resulta que un imputado por un crimen, es castigado a prisión perpetua, y otro que es condenado por diversos crímenes tiene 20 años. No existe tampoco ningún criterio jurisprudencial. Impedir toda diligencia tendiente a constatar la autenticidad de los testigos que se presentan, y que constituye un elemento de juicio fundamental para considerar sus testimonios como pruebas. Desconocer todo trámite que se realice para constatar algún hecho que se sabe pondría en evidencia un falso testimonio. Condenar a un imputado con una única prueba, que a su vez, adolece de fallas evidentes, como solo aportar dichos que se atribuye al imputado. Este arte, constituye una herramienta esencial que completa las de negar micrófono, dado que no permiten sean conocidas las numerosas diligencias tendientes a demostrar la inocencia de imputados, algo que el Derecho considera inaceptable, dado que todo acusado tiene la presunción de inocencia y con ello, el acusador tiene sí, la responsabilidad para probar la culpa. Artículo 18 de la Constitución Nacional, y la misma Convención de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, inaplicable con retroactividad.

Share Zaffaronni, ¿tiene coronita? El Colectivo de abogados querellantes en causas de crímenes de Lesa Humanidad reunida el 12 y 13 de agosto pasado en las IV Jornadas Nacionales en la ciudad de Buenos Aires manifestó en su documento final la necesidad de que se declare el estado de emergencia judicial en las causas donde se investigan delitos de lesa humanidad. La corporación atacó directamente al gobierno del presidente Macri porque “…niega la magnitud del genocidio perpetrado contra nuestro pueblo” y “…se refiere al Terrorismo de Estado como ‘Guerra sucia’…“. También hicieron conocer su disgusto de que el “Secretario de Derechos Humanos de la Nación recibe en la ex ESMA a familiares de genocidas”. Es de notar que de las IV Jornadas Nacionales participaron fiscales que intervienen en los procesos de lesa humanidad en todo el país y que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carboo, declaró el evento de Interés Institucional. En mi opinión, el acontecimiento constituyó un esfuerzo velado e inútil de la usina ideológica K por reinstalar, en la opinión pública y la publicada, el par antitético “justicia-derechos humanos” con el propósito de desplazar al estruendoso y recontrainstalado par, “justicia-kchorros”. Además, el acto fascista de coaccionar al presidente y, por ende, a todos los argentinos a que acepte la falsedad evidente de que fue un genocidio y no una guerra es descalificatorio de sí mismo. El invitado, ex terrorista montonero y disertante estrella, Horacio Vertbisky se los podría haber confirmado in situ. El Ejército Montonero firmaba sus asesinatos en “Comunicados de Guerra”. No sería raro que “el Perro” hubiera redactado aquel que daba cuenta del atentado criminal de lesa humanidad al comedor de la Super Intendencia de la Policía Federal y por el que todavía ni se arrepintió, ni pidió perdón a los familiares de las víctimas, ni rindió cuentas a la justicia. Párrafo aparte merece, como “broche de oro” de las VI JORNADAS, la participación del Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Zaffaronni. Es obvio que los integrantes del Colectivo de abogados querellantes en causas de crímenes de Lesa Humanidad ignoran que Zaffaronni negaba el derecho humano de Habeas Corpus a aquellos desaparecidos cuyos familiares, en su desesperación, le solicitaban. Seguramente también desconocen que el “jurista”emblemático del kirchnerismo, además de alquilar sus departamentos a prostíbulos, hacia 1980, escribió el libro “Derecho Penal Militar”. Texto, en el cual, con gran esmero y experticia, Zaffaronni justifica el golpe de Estado de 1976 y la represión contra los subversivos; la misma que, hoy, el Colectivo de Abogados Querellantes y el mismo Zaffaronni, llaman, “genocidio”. Es forzoso pensar de que el colectivo de abogados querellantes no tiene la menor idea de quién es Zaffaronni; ya que, en su defecto e ipso facto, LAS VI JORNADAS DE ABOGADAS Y ABOGADOS QUERELLANTES EN CAUSAS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, mutarían en una monumental payasada. Pues bien señores fiscales y abogados querellantes, ahora que lo saben, descontamos que denunciarán y querellarán a Eugenio Zaffaronni por los crímenes de lesa humanidad que con tanta saña imputan selectivamente contra los militares, empresarios y jueces que no responden al relato K. No hacerlo sería muy grave. Tanto como igualar a la majestad de la justicia a un circo y sus bufones (por cierto, lex dura lex, al “genocida” si pide prisión domiciliaria). Por Mauricio Ortín Setiembre 13, 2016

Share LIBERTAD E INDEPENDENCIA. BICENTENARIO. TUCUMAN – ARGENTINA. OPINIÓN: El 9 de julio de 1816 el Congreso declara nuestra libertad e independencia de los reyes de España, sus sucesores, su metrópoli, y en seguida se agrega “y de toda otra dominación extranjera”. No es que entonces ya fuéramos libres e independientes. Al contrario, se pasaba un momento crítico de la política, con las provincias más ricas y pobladas gobernadas por los realistas, y del resto la mayor parte - el Paraguay, la Banda Oriental, las Misiones y las provincias litorales -, segregadas, apartadas, desobedientes a la autoridad del Congreso. Es decir que los congresales no celebran un triunfo, sino que plantean un duro y difícil objetivo político, tan deseable que se ve como justo, lícito y natural que tras él se derrame la sangre de nuestros soldados. Alcanzar la independencia política y una libertad económica han sido anhelos largamente perseguidos, varias veces entrevistos como próximos, al alcance de un esfuercito más y de un esclarecimiento en el planteo de los problemas. Por otra parte en la actualidad no sólo nos parece imposible lograr esa libertad y la independencia sino que una parte de los argentinos estima preferible renunciar a ellas; renunciar o venderlas, dándolas a cambio de alguna ventajita económica, un plato de lentejas, por ejemplo. De modo que si hoy se planteara, como en 1816, luchar por la libertad y la independencia, el objetivo parecería demasiado lejano, extremadamente difícil, ajeno a las apetencias y los anhelos de los argentinos de hoy, que más bien se interesarían porque el plato de las lentejas no fuera demasiado playo, sino más bien hondo; Nada más. Pero aquel 9 de julio, independientes o no, comenzamos a constituir un Estado, asumimos la seria responsabilidad de organizarlo y de administrarlo. El Estado, en aquellos momentos, tenía aspectos en que era aceptable, que no necesitaban revisión y que no eran motivo para plantear la revolución ni la separación de la metrópoli. La administración de justicia era satisfactoria, en manos de los cabildos y de las audiencias, instituciones prestigiosas que funcionaban en forma solvente. Ese no era argumento para hacer la revolución. Pero hoy, pasados los años, los argentinos no contamos con una administración de justicia que resulte satisfactoria. Pareciera que al organizar un Estado independiente los argentinos hubiéramos fracasado en lo más elemental; que en vez de mantener el buen funcionamiento de instituciones fundamentales, las fuéramos deteriorando cada vez más. Para llegar, en una progresiva decadencia, a una situación caracterizada por la existencia y la actuación de asociaciones y mafias sin provocar violentas reacciones de la ciudadanía. Como si los argentinos nos hubiéramos amansado, aceptando que es inevitable que la sociedad sea manejada por mafias, por el delito, por organizaciones que tienen poder y que son impunes, pues escapan a las sanciones. Frente a ellas la justicia parece carecer de los instrumentos necesarios para investigarlas y para controlarlas. Parece muy desesperada, muy desalentada y pesarosa la situación. Hasta que numerosos hechos de aberrante corrupción, vino a poner en evidencia que los argentinos podemos reaccionar, tenemos energías para reclamar justicia, somos capaces de interesarnos por los problemas públicos no sólo los días de comicios sino también cuando se afectan los grandes valores de la sociedad, como son la seguridad pública y la administración de justicia. Si de la movilización a la que toda la comunidad ha respondido en forma vigorosa y con ánimo alentado surge -como todos esperamos- la evidencia de que las mafias y corporaciones ilícitas nos son indemnes al poder del Estado sino que caen, como es justo, bajo la vigilancia y la corrección de la justicia, se vendría a demostrar que aquellos congresales de 1816 no estaban tan errados. Habrá libertades e independencias inalcanzables, o que no atraen ni interesan a una sociedad moderna, pero no se habrán equivocado al pensar que podíamos organizar el Estado; un Estado con una justicia tan capaz, independiente y eficaz, por lo menos, como la que teníamos en 1816. Eso es lo que la sociedad en general anhela en este Bicentenario tan esperado por todos lo que habitamos en suelo argentino y en especial en el Jardín de la república, cuna de la Independencia. Por Jorge B. Lobo Aragón

Share El mundo al revés Por Marcelo Carlos Romero Fiscal del Ministerio Público Miembro de Usina de Justicia Que bien que aprendieron la lección abolicionista los nuevos “clientes” del sistema penal, o mejor dicho, del “aparato represivo”, para ser bien progres… “El criminal es, en realidad, una víctima de la sociedad capitalista y opresora que lo dejó sin oportunidades, que lo excluyó y, de esa manera, lo empujó hacia el delito…” Esta es una de las frases prefiridas de los adoradores de Eugenio Raúl Zaffaroni y sus adláteres… Ahora, los torpes delincuentes repletos de billetes en sus casas, autos, bolsillos o bolsones, no dudan en autopresentarse como “víctimas” del aparato judicial y de los medios de comunicación. Ellos no son criminales, son “perseguidos”… Argentina, país generoso… Donde los árboles orinan a los perros.

FELIX JOSE MADRID . Día 12 de su huelga de hambre "Nadie se ha acercado hasta mi celda en el Hospital Penitenciario..."